En 2022, un grupo de expertos designado por el Ministerio de Sanidad español elaboró un informe que proponía excluir a las mujeres lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida financiados por el sistema público de salud. El argumento central era de naturaleza clínica: el acceso a la reproducción asistida pública debería estar restringido a personas con infertilidad clínica demostrada, y las mujeres sin pareja masculina o sin espermatozoides disponibles presentarían una «infertilidad social» —no médica— que no justificaría el uso de recursos sanitarios públicos. La propuesta generó una intensa controversia social, política y médica que merece ser analizada con rigor y sin simplificaciones.
El concepto de infertilidad y su aplicación legal en España
Para entender el debate, es necesario partir de la definición de infertilidad adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de doce meses o más de relaciones sexuales no protegidas. Esta definición, elaborada en un contexto de salud pública heteronormativo, no contempla de forma explícita la situación de las mujeres sin pareja masculina o de las parejas de mujeres, que por razones biológicas evidentes no pueden conseguir un embarazo mediante relaciones sexuales sin ayuda médica.
La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, vigente en España, establece sin embargo que las técnicas de reproducción asistida pueden ser utilizadas por «toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar», con independencia de su estado civil u orientación sexual. Esta formulación inclusiva ha sido interpretada en la práctica de muy distinta manera según la comunidad autónoma, lo que ha generado una situación de desigualdad territorial inaceptable en materia de derechos reproductivos.
Mientras en algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Extremadura, las mujeres sin pareja masculina tienen acceso a la reproducción asistida pública, en otras ese acceso está restringido en la práctica a las parejas heterosexuales con diagnóstico de infertilidad médica. Esta disparidad no refleja diferencias en la legislación nacional, sino en su aplicación e interpretación a nivel autonómico.
Debate ético, político y social: ¿infertilidad médica o social?
El núcleo del debate es si la distinción entre «infertilidad médica» e «infertilidad social» tiene sentido como criterio de acceso a los servicios públicos de salud reproductiva. Los defensores de la restricción argumentan que los recursos del sistema público son limitados y deben priorizarse para quienes presentan una patología orgánica demostrada; que la reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina responde a una elección personal o de estilo de vida, no a una necesidad médica; y que el sistema público no puede sufragar todas las opciones reproductivas posibles.
Los críticos de esta posición señalan, por el contrario, que la distinción entre infertilidad médica y social es artificial y discriminatoria, ya que el resultado clínico —la imposibilidad de concebir sin intervención médica— es idéntico independientemente de la causa; que excluir a las mujeres lesbianas o solas supone una discriminación por orientación sexual y estado civil contraria a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y que la reproducción asistida es una técnica médica establecida, no una opción cosmética o de estilo de vida, cuyo acceso debería estar garantizado en igualdad de condiciones.
Las principales sociedades científicas de ginecología y reproducción asistida de España, incluyendo la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), se han posicionado claramente en contra de la exclusión, señalando que la orientación sexual o el estado civil no son criterios clínicos válidos para restringir el acceso a tratamientos de salud reproductiva.
Implicaciones para las familias y el sistema sanitario
Más allá del debate teórico, la cuestión tiene implicaciones muy concretas para miles de mujeres y familias en España. Las mujeres lesbianas o solas que quieren ser madres y no pueden acceder a la reproducción asistida pública se ven obligadas a recurrir a clínicas privadas, con costes que no todas las familias pueden asumir, o a desplazarse a otras comunidades autónomas donde el acceso sea más igualitario. Esta situación perpetúa una desigualdad económica que discrimina especialmente a las mujeres con menos recursos.
La resolución del debate pasa, en última instancia, por una decisión política y legislativa que aclare de forma definitiva quién tiene derecho a qué en el sistema público de salud reproductiva, y que lo haga desde un enfoque de derechos y no de restricción arbitraria. Mientras esa clarificación no llegue, la incertidumbre y la desigualdad seguirán pesando sobre muchas familias.
Conclusión
El acceso igualitario a la reproducción asistida pública es una cuestión de derechos, de justicia y de coherencia con los valores constitucionales de igualdad y no discriminación. La exclusión de las mujeres lesbianas o solas en base a una distinción cuestionable entre infertilidad médica y social no tiene base científica sólida y supone un paso atrás en la garantía de derechos reproductivos. El debate debe continuar, pero orientado hacia la ampliación y no hacia la restricción del acceso a la atención sanitaria reproductiva.
Si quieres profundizar en este tema, consulta nuestra guia sobre reproduccion asistida.
¿Tienes dudas? Consulta con nuestros especialistas en imfer.com
También puede interesarte: Mutilación genital femenina: impacto en la salud reproductiva y El endometrio: qué es y su papel clave en la implantación.
Nuestros especialistas en reproducción asistida pueden ayudarte.
Sin comentarios