El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es una técnica que permite analizar el material genético de los embriones obtenidos mediante fecundación in vitro antes de su transferencia al útero. Su objetivo es identificar embriones con alteraciones cromosómicas o enfermedades genéticas hereditarias, de manera que solo se transfieran aquellos que tienen un perfil genético normal o no portador de la enfermedad en cuestión. En muchos países europeos, esta técnica es un componente habitual de los tratamientos de reproducción asistida cuando existe una indicación médica clara. Sin embargo, en Italia estuvo prohibida durante años, y esa prohibición llegó a ser juzgada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El caso Costa y Pavan contra Italia: un fallo histórico
El matrimonio formado por Rosetta Costa y Walter Pavan llevó a Italia ante el TEDH tras ver vulnerado su derecho a no transmitir a sus hijos la fibrosis quística, una enfermedad genética grave de la que ambos eran portadores. La ley italiana de reproducción asistida vigente en aquel momento prohibía el diagnóstico genético de los embriones antes de su implantación, impidiendo a esta pareja seleccionar embriones no portadores de la enfermedad.
La paradoja —señalada de forma contundente por el tribunal— era que la misma ley italiana permitía el aborto terapéutico si el feto presentaba la enfermedad una vez iniciado el embarazo. Es decir, la legislación obligaba a las parejas portadoras de enfermedades genéticas a iniciar un embarazo sabiendo que posiblemente habría que interrumpirlo, en lugar de permitirles seleccionar, antes de la implantación, un embrión sano. El TEDH falló en favor del matrimonio en 2012, declarando que Italia había violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Este fallo tuvo repercusiones directas en la legislación italiana. En 2015, el Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional la prohibición del DGP, abriendo la puerta a su uso en parejas con indicación médica justificada.
El DGP en España y su papel en la reproducción asistida
En España, el Diagnóstico Genético Preimplantacional está legalmente permitido y regulado por la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Su uso está indicado principalmente en los siguientes casos:
- Parejas portadoras de enfermedades genéticas hereditarias (fibrosis quística, atrofia muscular espinal, distrofia muscular de Duchenne, entre otras)
- Mujeres con fallos repetidos de implantación en ciclos de FIV
- Pacientes con abortos de repetición de causa genética
- Parejas con factor masculino severo que puede asociarse a alteraciones cromosómicas en los espermatozoides
- Mujeres de edad avanzada, donde el riesgo de aneuploidías embrionarias es mayor
El DGP se realiza mediante la biopsia de una o varias células del embrión en estadio de blastocisto (día 5-6 del desarrollo embrionario) y el análisis del ADN obtenido mediante técnicas como la hibridación genómica comparada (CGH array) o la secuenciación de nueva generación (NGS). Estas técnicas permiten analizar todos los cromosomas del embrión con una precisión muy elevada, identificando tanto aneuploidías numéricas como reordenamientos estructurales.
En clínicas especializadas como IMFER, el DGP forma parte de los protocolos de tratamiento avanzado y es ofrecido a los pacientes que cumplen los criterios de indicación, previa información exhaustiva sobre sus posibilidades, limitaciones y consideraciones éticas. La decisión de realizar un DGP es siempre personal e informada, y el equipo médico acompaña a los pacientes en este proceso con rigor y sensibilidad.
El caso italiano ante el TEDH es un ejemplo de cómo el debate sobre las técnicas de reproducción asistida trasciende lo médico y se convierte en una cuestión de derechos fundamentales. El acceso al DGP, cuando existe una indicación médica clara, es reconocido cada vez más como parte del derecho a la salud reproductiva y a la vida familiar.
Conclusión
El Diagnóstico Genético Preimplantacional es una herramienta científicamente sólida y éticamente fundamentada cuando se utiliza con criterios médicos adecuados. La sentencia del TEDH contra Italia marcó un precedente importante en la defensa del derecho de las parejas a acceder a técnicas que les permitan evitar transmitir enfermedades graves a sus hijos. En España, el DGP está integrado en la práctica clínica de la reproducción asistida avanzada.
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